Quéretaro

Ante la presencia de Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales dieron inicio las audiencias respecto de la Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

CPCT/177.09 Santiago de Querétaro, Qro., 10 de agosto de 2009.- En cumplimiento a los puntos tercero  y cuarto del Acuerdo por el que se convoca a las organizaciones y ciudadanos que deseen exponer sus argumentos, razones, opiniones y puntos de vista respecto de la Iniciativa de Ley que reforma el Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, este lunes a las 10 de la mañana, inició el desahogo de las audiencias programadas, mismas que se llevaron a cabo ante la presencia de los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Antonio León Hernández, María del Carmen Consolación González Loyola Pérez, María de Jesús Ibarra Silva, José Jaime César Escobedo Rodríguez, Rafael Puga Tovar y José Luis Sainz Guerrero, además de los Legisladores Ricardo Martínez Rojas Rustrián, Fernando Urbiola Ledesma y Alonso Jesús Valdovinos Torales.

De acuerdo a las audiencias programadas para este día, en primer lugar hizo uso de la voz la directora general de la asociación Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia A. C., María Eugenia Romero Contreras, quien luego de agradecer la disposición y apertura para abrir el Congreso y escuchar las diferentes voces de la sociedad en un tema que atañe de manera directa a las mujeres, señaló que las modificaciones que se pretenden realizar imponen a las mujeres embarazos que pueden poner en riesgo su vida o que han sido producto de una violación; y que conservar el castigo penal contra el aborto contribuye a la desigualdad jurídica y económica, pues a pesar de que el castigo penal contra el aborto es para todas las mujeres, en la realidad solamente las más pobres se verán afectadas, porque las mujeres con recursos económicos suficientes pueden acceder a abortos seguros, ya sea en instituciones privadas o en el extranjero.

Acto seguido, la coordinadora de Enlace Legislativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Marta Juárez, manifestó que la reforma tiene como objetivo principal evitar la despenalización del aborto en Querétaro, aunque en su paso afecte muchas cosas más; apuntó que en una sociedad democrática, el legislador debe trabajar para proteger exclusivamente los bienes básicos para la convivencia humana, salvaguardando los derechos fundamentales de cada persona de los abusos del poder público y/o de las coacciones de los grupos sociales hegemónicos o de las facciones del poder fáctico, además de resguardar responsablemente el marco de derecho que hace posible el ejercicio de los valores, principios o dogmas en el ámbito contrario, de lo contrario, dijo, se favorecen las condiciones para generar, o bien, un estado religioso, o un régimen autoritario.

Posteriormente Flor Iliana Alegría Mar, representante de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, expuso que el Estado no puede legislar con base en una sola moral, ya que de ser así, se excluirían las otras opiniones; dijo que afirmar que existe una vida humana desde el momento de la concepción, es ir en contra de los avances científicos y atentar a la vida, la salud y los derechos de las mujeres; agregó que no hay un consenso científico, filosófico ni religioso, sobre el momento en que inicia una vida humana, por lo que es fundamental manejar esta discusión desde un criterio laico y no desde puntos de vista ideológicos o religiosos.

En su oportunidad Marco Antonio Moreno Rosado, representante de RECIFEM en Puebla, dio a conocer la situación que prevalece en aquella entidad federativa luego de haberse aprobado “la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, y apuntó que hoy los poblanos viven en la incertidumbre jurídica, porque a pesar de esta aprobación, no se han reformado los códigos civiles y de defensa social locales; expresó su deseo porque en Querétaro no sean los hombres quienes decidan los derechos de las mujeres, y que éstas a su vez resuelvan derechos a favor de ellas mismas.

Al hacer uso de la voz, Nadia Sierra Campos, representante de la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (AQUESEX), manifestó los argumentos jurídicos que demuestran que la iniciativa en cuestión es inconstitucional y que violenta 10 artículos de la Carta Magna; resumió que el hecho de que la protección de la vida en gestación sea un bien constitucionalmente relevante en nuestra entidad, no determina que el concebido y no nacido tenga reconocido el carácter de persona o que le corresponda la titularidad del derecho a la vida, por lo que constitucionalmente es necesario dar un tratamiento diferenciado al concebido y no nacido, atendiendo a la temporalidad de la gestación.

Durante su intervención Fernanda Díaz de León, coordinadora de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C., expresó que es preocupante que el aborto sigue siendo una de las causas principales de las defunciones relacionadas con la maternidad y que, a pesar de la legalización del mismo en casos concretos, las mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguros ni a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia; mencionó que la reforma que se encuentra en análisis es contraria a los tratados internacionales que forman parte de la Ley Suprema, a las recomendaciones y observaciones de Comités Internacionales encargados de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de esos tratados.

Quien también tuvo participación en estas audiencias fue Gisela Sánchez Díaz de León, coordinadora de la asociación Salud y Género A. C. con sede en Querétaro, para exponer sus argumentos al respecto; indicó que en la propuesta de reforma se pueden encontrar muchas incongruencias, ya que es una propuesta que amenaza y violenta a las mujeres, y tiene por objetivo impedir que las mujeres decidan con autonomía sobre su propio cuerpo y vida; que quiere negar el derecho que tiene el género femenino a cuidar y preservar su salud física y mental, así como su derecho a la dignidad; dijo que la maternidad debe ser tomada con libertad, ya que no es digno obligar a nadie a ser madre; agregó que por otro lado, restringe la igualdad de oportunidades.

Luego de un receso, se contó con la participación de Cinthya Velasco Botello, coordinadora de Políticas Públicas de Elige, red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos A. C., quien en su oportunidad señaló que la maternidad es un derecho, un acto voluntario que implica deseo y amor y no una imposición; por lo que la reforma propuesta, en caso de ser aprobada,  condenará a las mujeres jóvenes a una maternidad obligatoria, incluso a aquellas que ya han vivido la tortura de una violación sexual; dijo que no es posible que en este país haya mujeres en la cárcel por abortos y violadores libres en las calles.

Siguió el turno de Rafaela Schiavon Ermani, representante de la organización Democracia y Sexualidad A. C., quien se refirió a los aspectos biomédicos sobre la propuesta de reforma al artículo 2 de la Constitución local; mencionó que los que afirman la existencia de la personalidad jurídica  desde el primer instante de la fecundación, utilizan de manera ambigua el lenguaje, evitar entrar formalmente en la discusión del inicio del embarazo o del inicio de la vida, y se abstienen de definir los conceptos de persona y de vida humana. Apuntó que en un tema tan delicado, el recurso de la ambigüedad parece ocultar la debilidad de los argumentos; la falta de claridad lógica, jurídica y, médico-científica, refleja la confusión conceptual, la ausencia de una sólida evidencia científica y el fuerte trasfondo ideológico-religioso que está a la base de la pretendida reforma.

Posteriormente Axela Romero Cárdenas, directora y representante legal de Salud Integral para la Mujer A. C., indicó que hacer constitucional el reconocimiento de la vida desde la fecundación y la obligación del Estado de su protección, conllevaría a la aberración de penalizar a las mujeres que presentan abortos espontáneos en algún momento del proceso biológico que implica un embarazo, ya que recordó que según el Instituto Nacional de Salud Pública en México, “de los 4.2 millones de embarazos que ocurren al año, el 60 por ciento de éstos llega a término; es decir, alrededor de 2 millones 520 mil, mientras que el resto, cerca de 1 millón 700 mil embarazos se interrumpen en etapas tempranas por diversas razones; ante esta situación cuestionó qué hará el Estado en caso de aprobarse esta reforma: “¿Penalizará a casi dos millones de mujeres cuyo embarazo no llegó a término?, ¿esta reforma significará la negación de servicios de salud a las mujeres que presentan riesgo en su salud y en su vida al presentar un aborto espontáneo o inducido?, ¿Es ése el papel que debe cumplir el Estado de Querétaro en su facultad de proteger y promover el derecho a la salud de sus ciudadanas?.

Finalmente participó Gerardo Ayala, coordinador del área educativa de la asociación Salud y Género A. C, quien se refirió al tema de la educación sexual; enfatizó que desde las escuelas, y en especial la Secretaría de Educación, debe promover programas de educación sexual integral, donde se informe de los métodos anticonceptivos, y por el contrario, no se pretenda criminalizar el aborto.

Cabe destacar que en las audiencias programadas para este lunes 10 de agosto, también se registró la delegada de la Asociación Nacional Cívica Mexicana, Mónica Valladares, sin embargo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Diputado Marco Antonio León Hernández, informó que esta persona decidió no participar.