La democracia, como ha señalado Naciones Unidas, es una construcción colectiva y una experiencia humana que se caracteriza por la búsqueda histórica de libertad, justicia y progreso material y espiritual. Es por ello que todas las instancias sociales deben participar de dicha tarea, desde sus distintos ámbitos de vida y de trabajo. Por lo tanto, los desafíos deben dirigirse, precisamente, a fortalecer las democracias actuales y hacerlas cada vez más inclusivas. En Nicaragua, históricamente, las organizaciones de la sociedad civil han sido un elemento central no tan solo para recuperar la democracia hace décadas, sino para hacerla cada vez más diversa, más empoderada y más participativa.

Es por ello que no tiene justificación alguna el procedimiento a través del cual Daniel Ortega intenta silenciar las voces y el accionar de numerosas organizaciones que luchan por recuperar los valores democráticos, bajo la falsa acusación de irregularidades como una supuesta triangulación de fondos e incluso lavado de dinero. En esta acusación están incluidos algunos grupos históricos, como el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, que reciben fondos de la cooperación internacional para entregar servicios y apoyos a las comunidades más pobres y más desprotegidas del país.

Del mismo modo, el 20 de septiembre pasado, diversas organizaciones sociales programaron una "Marcha por la Democracia" en la ciudad de León, contando con el permiso correspondiente de la Policía Nacional, para expresar su renovado y permanente compromiso por el bienestar del país y por la participación ciudadana. Pese a ello, las personas participantes fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas de choque afines al Gobierno, dejando a decenas de lesionados.

Esto se suma a las persecuciones en contra de un grupo de defensoras de los derechos humanos de las mujeres, a quienes se les inició un juicio penal, al mismo tiempo que se les persigue y amenaza, incluso en sus propios hogares y lugares de trabajo. El motivo es claramente la venganza, puesto que estas defensoras lo han denunciado como artífice de la derogación del aborto terapéutico, en alianza con la jerarquía eclesiástica católica, y de los abusos y violaciones cometidas en contra de su hijastra Zoilamérica Narváez cuando era niña, para quién la justicia aún no tiene respuestas.

La RSMLAC continuará denunciando estos hechos y solidarizándose con todas las organizaciones afectadas, en especial con aquellas organizaciones de mujeres que, aun en las circunstancias más adversas, e incluso arriesgando la integridad física de sus integrantes, continúan luchando en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y por su acceso a una vida digna, con justicia social y de género.

Exhortamos a todas las redes, articulaciones, coaliciones y grupos de mujeres de la membresía de la Red, a hacerse parte de esta llamada urgente de solidaridad.

Nirvana González, Coordinadora General (Puerto Rico)
Télia Negrão, Consejera Directiva (Brasil)
Ada Alfonso, Consejera Directiva (Cuba)
Jeanne Henríquez, Consejera Directiva (Curaçao)
Zaida Betancourt, Consejera Directiva (Ecuador)
Alma Odette Chacón, Consejera Directiva (Guatemala)
María Eugenia Romero, Consejera Directiva (México)
Norma Benítez, Consejera Directiva (Paraguay)

Mayores informaciones y envíos de solidaridad:
Movimiento Autónomo de Mujeres Nicaragua < Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla >