Diputada/o:
Las y los ciudadanas/os, y organismos, quienes suscribimos este mensaje queremos expresarle nuestro más profundo rechazo a la iniciativa de reforma que presentaron los grupos parlamentarios del PRI, PVEM y Nueva Alianza, el pasado 8 de diciembre de 2009 en el pleno del Congreso del estado de Tamaulipas, y que pretende incorporar de manera explícita en el texto constitucional el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural; y que de igual manera propone sustituir la pena de prisión (a las mujeres que interrumpan su embarazo), por atención médica integral en libertad.
Muy lamentable y reprobable es criminalizar a las mujeres por atreverse a interrumpir un embarazo, pero igualmente lamentable es juzgarla de acuerdo a los valores conservadores que los grupos de derecha imponen a través de esta iniciativa de reforma. Claramente podemos comprobarlo en el texto que dice que se sustituirá la pena de prisión (por practicarse un aborto) por “atención médica integral” para con ello “ apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al fortalecimiento de la familia” 1 .
Nadie está a favor del aborto, y muchas mujeres no quisieran experimentar una vivencia de tal magnitud, pero cuando sucede, la decisión, y por ende sus consecuencias, no deben ser vigiladas, juzgadas o sometidas a un proceso de “atención médica integral”. Una serie de “valores humanos” (valores que sólo comparte la Iglesia católica) no puede ser impuesta a toda una sociedad, en aras de fortalecer a la “familia”.
Garantizar la vida de las mujeres si es una prioridad que las y los diputados de Tamaulipas deberían salvaguardar. El problema del aborto es una cuestión de salud pública y de justicia social. ¿Por qué no pensar entonces en proponer servicios médicos de calidad para la interrupción voluntaria de un embarazo en lugar de “imponer” los valores de quienes fomentan, ahora, la “criminalización moral de las mujeres”?
Hemos sido testigos de las modificaciones a las constituciones locales de 17 estados, todas, encaminadas a la criminalización de la mujer, coartando su derecho a decidir. Con enorme vergüenza podemos comprobar que la Santa Inquisición, que hace siglos creímos superada, se erige nuevamente en nuestro México, donde la confabulación de la Iglesia católica, partidos políticos y grupos de ultraderecha, ha hecho pedazos el Estado Laico que no es más que una utopía hoy en día. Le pedimos que no permita que Tamaulipas se convierta en el estado número 18 de esta lista.
Quienes le enviamos esta carta, le expresamos nuestro enérgico y completo rechazo a esta iniciativa de reforma y le solicitamos haga lo necesario para que no pase a discusión ni a votación.
En México no habrá una democracia plena mientras las mujeres continúen muriendo por abortos inseguros y sean objeto de castigos y condenas morales.
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una demanda de justicia social, de salud pública, y una demanda por el respeto de los derechos humanos.
¡Decidir no es un delito, decidir es un Derecho!
Atentamente,
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1. Comunicado de Prensa No. 267 , del H Congreso del estado de Tamaulipas, LX Legislatura. Martes 8 diciembre, 2009.